ABI-Agencia Boliviana de Información

16 de octubre de 2014

INICIA EL JUICIO POR LA TOMA DEL PARQUE INDOAMERICANO

SOCIEDAD › DOS DIRIGENTES SOCIALES ACUSADOS POR EL INDOAMERICANO

El juicio por la toma

Arranca hoy el juicio a dos referentes acusados por la toma del parque en 2010. Podrían ir a prisión, mientras todos los policías acusados por la represión fueron exculpados.







 Por Irina Hauser

A casi cuatro años del desalojo del parque Indoamericano, donde fueron asesinadas dos personas por balas de la Policía Metropolitana en un operativo compartido con la Policía Federal, los únicos que desde hoy estarán sentados en el banquillo para enfrentar un juicio son dos dirigentes sociales que apoyaron el reclamo de vivienda y oficiaron como nexos de una negociación política para dejar la toma. Ellos son Diosnel Pérez Ojeda (del Frente Popular Darío Santillán) y Luciano Nardulli (de la Corriente Clasista y Combativa) y serán acusados por el fiscal porteño Luis Cevasco del delito de usurpación, que por estar reiterado podría llevarlos a la cárcel. El sistema de justicia fue eficaz para promover un juicio contra quienes participaban de un reclamo habitacional, pero a los policías implicados en los asesinatos les concedió a mediados de este año faltas de mérito y sobreseimientos. Tampoco sufrieron ninguna consecuencia judicial los funcionarios que incumplieron su compromiso, tras aquellos episodios, de llevar adelante la construcción de viviendas sociales.

La ocupación del predio de Villa Soldati que comenzó en los primeros días de diciembre de 2010 fue síntoma de la situación de déficit estructural de viviendas y muchos de sus protagonistas venían, hacinados, de las villas y asentamientos linderos. En aquel entonces, ni desde el Poder Judicial que intervenía ni desde el ámbito político se abordó el conflicto como tal para desactivarlo en forma pacífica. La respuesta fue directamente represiva. El 7 de diciembre la policía porteña y la Federal desplegaron un operativo violento de desalojo, a los tiros, en el que fueron asesinados Rosemarie Chura Puña, de 28 años y nacida en Bolivia, y Bernardo Salgueiro, de 22 años oriundo de Paraguay. Según establecieron los peritajes realizadas en la investigación sobre el papel policial, la Metropolitana había llevado escopetas con balas de goma adulteradas, con plomo adentro, o sea, de poder letal. Ambas víctimas fatales habían sufrido impactos de proyectiles idénticos, a pesar de que estaban en extremos opuestos del parque. Otras cinco personas tuvieron también heridas de balas de plomo.

Los hechos derivaron en causas judiciales. Las dos principales apuntaron: una a los policías, la otra a los dirigentes sociales que participaron en la ocupación e intentaron una salida negociada, entre ellos Pérez Ojeda y Nardulli.

El juicio que empieza hoy estará a cargo de la jueza penal y contravencional Cristina Lara. La acusación, todo indica, reflotará parte de las teorías que se tejieron en los primeros días después de los hechos, según las cuales los ocupantes del Indoamericano fueron los que atacaron a la policía, que lo único que hizo fue defenderse. "Tenemos demostrada la usurpación, que la toma fue organizada y que hubo resistencia violenta al desalojo por parte de la gente", le dijo Cevasco a este diario. El fiscal planteará dos momentos de la supuesta organización de la toma, el 6 de diciembre, y una segunda toma el 8, después de los dos primeros asesinatos (al que se sumaría después el de Emiliano Caniviri). Como pruebas, anunció, mostrará declaraciones en medios de comunicación de parte de Ojeda y Nardulli en las que "se muestran como referentes de la toma, están ahí, y asumen el rol de líderes".

Nicolás Tauber, defensor de los dos acusados, señaló que a su entender no hay delito alguno y que ésas "no son pruebas", "de lo único que se hablaba en esos días en los medios era del Indoamericano y era lógico que ellos salieran a hablar". Explicó, además, que si participaron en una reunión con autoridades políticas nacionales y porteñas fue como referentes que buscaban una salida. "En esta causa primero la jueza Cristina Nazar dijo que no podía plantearse el delito de usurpación de un bien de dominio público, y que no se puede desposeer; luego otra jueza, María Gabriela López Iñíguez, también los desvinculó", explicó Tauber a Página/12. Luego llegaron a juicio porque la Cámara de Apelaciones revocó esas decisiones. "Esta es una típica causa de criminalización de la protesta, que nunca debió llegar a juicio", consideró.

Las audiencias durarán hasta fin de mes. Cevasco dijo que sus principales testigos (en total 26) serán policías, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y vecinos. La defensa lleva como testigos a algunos dirigentes políticos y sociales que estuvieron en el lugar o participaron de la búsqueda de resolución para el conflicto, como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Rafael Gentili, Rocío Sánchez Andía, Martín Hourest, el sacerdote José María "Pepe" Di Paola, Marcelo Ramal y Facundo Di Filipo, entre otros. Como la acusación es una suerte de doble usurpación, la pena puede llegar a ser de seis años. La denuncia inicial incluía –además de los dos hombres hoy acusados– a Alejandro Salvatierra, delegado de Villa Soldati, Noemí Ruejas y Berta Revilla, del barrio Los Piletones, y Antonio Chancalay, de la Villa 20, puntero del macrismo. Los dos primeros acordaron en un juicio abreviado, hacer tareas comunitarias. Los otros dos fueron desvinculados, aunque Chancalay tiene otras causas por negocios inmobiliarios ilegales y lavado de dinero. Pérez Ojeda y Nardulli no quisieron asumir una pena alternativa con este argumento: "Si Macri no hizo las viviendas, ¿por qué nosotros que no cometimos ningún delito vamos a hacer tareas comunitarias?".



INVESTIGACION POR LAS MUERTES

La otra causa







 Por Irina Hauser

En la causa penal por los asesinatos de Salgueiro y Chura Puña, el fiscal Sandro Abraldes y la jueza Mónica Berdión de Crudo coincidieron en imputar a los policías homicidio culposo, homicidio en agresión, abuso de armas y lesiones. Fueron procesados 30 integrantes de la Metropolitana, entre ellos cinco jefes, y 11 efectivos de la Federal. Pero a mediados de este año, el expediente volvió prácticamente a foja cero cuando la Sala I de la Cámara sobreseyó a 26 de los policías y le dictó falta de mérito al resto. El tribunal de Alzada sostuvo que si bien está probado que las muertes y los heridos fueron provocados por el accionar policial, no se puede involucrar a los jefes que no estaban en el lugar ni identificar a los autores directos. Son, sostuvo, "policías no identificados que habrían actuado por su cuenta".

El Centro de Estudios Legales y Sociales, que en la causa contra los policías representa a la familia de Chura Puña, sostuvo ayer en un comunicado que "la decisión de llevar a juicio a Pérez y Nardulli sienta un grave precedente de criminalización de referentes sociales y evidencia el trato discriminatorio y violento con que el Gobierno de la Ciudad se ha posicionado frente a conflictos como el Indoamericano". Recordó que los policías porteños siguen en funciones y los defiende un estudio jurídico "con domicilio en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño". Así como no se esclareció ningún asesinato, señaló el CELS, "en estos cuatro años se ha agravado la situación de déficit en el acceso a un hábitat digno que dio origen a la toma del Indoamericano".

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/257622-70081-2014-10-16.html

En otro proceso, que tiene que ver con las dos muertes por represión, fue apelado el sobreseimiento para los policías

Comienza el juicio por el Indoamericano

Dos dirigentes sociales serán juzgados desde hoy por la usurpación del predio, ocurrida en diciembre de 2010.

Comienza el juicio por el Indoamericano

Toma - Según los fiscales, los dirigentes sociales condujeron a los ocupantes hacia la posesión provisoria del predio - Foto: mariano vega

La justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires comenzará a juzgar hoy a los dirigentes de movimientos sociales Diosnel Pérez Ojeda y Luciano Nardulli por la toma del Parque Indoamericano en diciembre de 2010. No se trata de la causa por los homicidios de los vecinos del lugar, Rosemarie Chura Puña, de nacionalidad boliviana, y Bernardo Salgueiro, paraguayo. La trágica y aún inexplicada situación del Indoamericano quedó dividida en dos en los tribunales: por un lado, la "usurpación" del predio y, por el otro, las consecuencias trágicas de la represión por el desalojo. Por la usurpación, un delito que contempla penas de hasta tres años de cárcel, serán juzgados hoy, mañana y el 20 de octubre Pérez Ojeda, presidente de la junta vecinal de la Villa 20 y miembro del Frente Popular Darío Santillán, y Nardulli, referente de la Corriente Clasista y Combativa. El juicio estará a cargo del tribunal unipersonal a cargo de la jueza Cristina Lara.
En el otro proceso, el que tiene que ver con las dos muertes por la represión, la Cámara de Casación –el máximo tribunal penal– tiene a estudio la apelación del fiscal Sandro Abraldes contra el sobreseimiento y la falta de mérito para más de 40 policías de la Federal y la Metropolitana, que habían sido procesados en primera instancia pero beneficiados por un tribunal de apelaciones.
Los fiscales Celsa Ramírez y Luis Cevasco sostienen que Pérez Ojeda y Nardulli tenían una "posición dirigencial (que) les permitió conducir a los ocupantes hacia la consecución del fin ilícito bajo análisis", esto es, tomar el predio e intentar ocuparlo nuevamente dos días después del desalojo. Otros imputados zafaron del proceso: Alejandro "Pitu" Salvatierra, delegado de la Villa, y Noemí Ruejas, del barrio Los Piletones, acordaron una probation para eludir el juicio, en tanto que Antonio Chancalay, delegado de la Villa 20, y Berta Revilla, también de Los Piletones, fueron sobreseídos. Chancalay está investigado ahora por supuesto "lavado de dinero" con la venta de terrenos ocupados en distintos asentamientos precarios en territorio porteño.
Dos organizaciones estrechamente vinculadas con la justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Pensamiento Penal (APP), se presentaron ante la justicia de la Ciudad como "amicus curiae" (amigos del tribunal, terceros que sin ser parte del proceso aspiran a contribuir con una solución justa) reclamando la absolución de los dos acusados.  «

http://tiempo.infonews.com/nota/135219/comienza-el-juicio-por-el-indoamericano